Colombia paramilitar, México dictadura fecal (1/4)

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Description: 03/08/07 Bajar con http://keepvid.com/ Descárgate los vídeos ahora, no esperes a que desaparezcan Senadora Piedad Córdoba Piedad Esneda Córdoba Ruiz Nacimiento: 25 de enero de 1955 Medellín, Antioquia Ocupación: Política Piedad Esneda Córdoba Ruiz es una abogada y política colombiana, nacida en Medellín, Antioquia, el 25 de enero de 1955. Hija de padre negro (Zabulón Córdoba, hermano del dirigente chocoano Diego Luis Córdoba) y madre blanca (Lía Ruiz), sufrió la discriminación racial en carne propia. Desde la adolescencia inició su trabajo social y político en las comunidades marginadas de Medellín, y se vinculó al Partido Liberal. Es considerada pionera en la utilización de nuevas tecnologías como internet que la han llegado a ser considerada la "Senadora Virtual" por la revista Cambio, haber ganado varios premios internacionales como la de mejor página de política en América Latina del 2005 por e-lecciones.net, al igual que numerosas nominaciones al respecto. Actualmente es la líder del movimiento Poder Ciudadano Siglo XXI, ubicado en el ala izquierda de este partido político. PARAMILITARISMO Y POLÍTICAS NEOLIBERALES: ¿A QUIÉN SIRVEN LOS PARAMILITARES? Wednesday, 01 August a las 15:26:57 parapolitica VI CUMBRE SOCIAL POR LA UNIÓN LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA Caracas, 31 de julio-4 de agosto de 2007Senadora Piedad Córdoba - Solución negociada al Conflicto social y armado en colombia PIEDAD CÓRDOBA RUIZ Senadora de Colombia El proceso que actualmente adelanta el gobierno colombiano con los grupos paramilitares no puede terminar afianzando las practicas y fundamentos de este proyecto criminal, para que sean afines y útiles a las "Razones de Estado" , ni puede ser la consolidación de un régimen político mafioso en el marco del desarrollo de un capitalismo criminal. En estudios realizados por el profesor Carlos Medina de la Universidad Nacional de Colombia (El narco-paramilitarismo. Lógicas y procesos en el desarrollo de un capitalismo criminal) y por el investigador Jimmy Viera (La Doctrina de la Seguridad Nacional: Génesis y Razón del Estado Paramilitar), se miran algunos aspectos fundamentales del fenómeno paramilitar en la consolidación de la economía del narcotráfico como una de las nuevas realidades del capitalismo en su fase neoliberal. Robert Mc.Nacmara, ex Secretario de Defensa de Estados Unidos, en 1967 fijaba ante Congreso el eje de la Doctrina de Seguridad Nacional así: "Nuestro objetivo primordial en Latinoamérica es ayudar, donde sea necesario, al continuo desarrollo de las fuerzas militares y paramilitares nativas, capaces de proporcionar, en unión con la policía y otras fuerzas de seguridad, la necesaria seguridad interna". Como señalan Michael Klare y Nancy Stein, "Si examinamos la exportación norteamericana de armas, veremos que una parte importante está destinada al uso interno para disuadir los levantamientos populares o suprimir los movimientos de opositores", y agregan: "y esto es sólo la punta del iceberg de la participación norteamericana en la represión en el extranjero. Los expedientes del gobierno muestran que las agencias y corporaciones norteamericanas están facilitando armas, equipos, adiestramiento y ayuda técnica a la policía y las fuerzas paramilitares más directamente involucradas en la tortura, asesinato y encarcelamiento de disidencias civiles" . Génesis Los orígenes del paramilitarismo están unidos a las estrategias de lucha contra la insurgencia, en desarrollo de los principios y fundamentos de la Doctrina de la Seguridad Nacional y los Conflictos de Baja Intensidad. El Estado, a través de sus Fuerzas Militares y conjuntamente con sectores sociales, económicos y políticos regionales, fueron promotores y agentes dinamizadores de su formación. El fenómeno paramilitar surgió como un proceso de privatización del ejercicio de la fuerza, la ley y la justicia por sectores afines a los propósitos y Razones de Estado, ante la incapacidad de este para operar en contextos regionales con los parámetros institucionales existentes. El fenómeno paramilitar surge como una práctica del Terrorismo de Estado. En este sentido, el Estado y sus fuerzas armadas son responsables del surgimiento y desarrollo del fenómeno y de sus crímenes. El Estado tiene una verdad que confesar a este respecto y no es un juez imparcial en el juzgamiento del fenómeno. Las acciones del paramilitarismo estuvieron dirigidas básicamente contra la población civil mediante el asesinato selectivo, la masacre, el genocidio, la desaparición y el desplazamiento forzado, la expropiación, crímenes todos de lesa humanidad. El fenómeno fue cooptado por empresarios y por la industria del narcotráfico y se puso a su servicio cumpliendo las tareas de protección de las zonas de cultivos, laboratorios, transporte de insumos y comercialización de la droga. El paramilitarismo se hizo instrumento de la confrontación entre el narcotráfico y el Estado cuando estuvo de por medio la extradición y asumió la forma de terrorismo. Durante casi tres décadas el desarrollo de la guerra paramilitar se nutrió de distintas fuentes de financiación que le permitió consolidar una economía de guerra, capaz de mantener un ejército de aproximadamente veinte mil hombres, en condición de mercenarios, que con la ayuda de las operaciones encubiertas de las fuerzas armadas le permitió copar gran parte del territorio nacional y hacerse a recursos incalculables, generando procesos de acumulación de capital y consolidación de economías locales y regionales que reconfiguraron y redefinieron los escenarios sociales y productivos, dando origen a nuevas elites económicas y políticas unidas a la expansión y el desarrollo del paramilitarismo. Esos procesos de acumulación de capital, generados en distintas fuentes, legales e ilegales, fueron fortaleciendo las elites regionales que modernizaron sus economías y transformaron las relaciones productivas, consolidando un modelo de desarrollo regional que ha buscado articularse rápidamente al modelo nacional y, por esa vía, al mercado mundial. Durante años la economía de guerra paramilitar se levantó sobre las practicas de la contribución voluntaria y forzada, el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, el robo de combustible, la apropiación de recursos públicos, especialmente de carácter municipal y departamental, la expropiación de tierra, la generación de economías agroindustriales mediadas por el testaferrato, entre otros mecanismos de acumulación (ganadería, transporte, juegos de suerte y azar, cantinas, prostitución, droguerías, tiendas, cooperativas...) que comprometieron economías regulares e ilegales, industrias regionales e, incluso, la presencia transnacional articulada a la explotación de recursos estratégicos. En las dos últimas décadas las economías campesinas han sido, sin duda, las más duramente golpeadas por el proceso de relatifundización generado por el paramilitarismo. Los procesos de expropiación directa e indirecta a que fueron sometidos los pequeños y medianos propietarios afectaron sus economías familiares y generaron el desplazamiento masivo de población rural que alcanza ya el 10% de la población total del país (cuatro millones de personas). El proceso de concentración de la tierra ha operado como una auténtica contrarreforma agraria, dirigida hacia el fortalecimiento de las economías de agroindustria y a la creación de las condiciones para el desarrollo de los grandes macroproyectos neoliberales y planes como el de Puebla Panamá. Existe una perfecta correlación entre el mapa de la presencia paramilitar y los recursos estratégicos sobre los cuales se desarrollarán los macroproyectos. La guerra paramilitar es en lo esencial una guerra contra el campesinado, contra los pueblos indígenas y contra las comunidades afrocolombianas. En Colombia, sin necesidad de recurrir a un régimen de facto, se ha construido, a la sombra de la formalidad constitucional, un verdadero Estado clandestino que hace las veces de una dictadura militar, con un brazo ejecutor paraestatal. El impacto de la aplicación de la Doctrina de seguridad nacional en nuestro país es superior a toda la violación de derechos humanos dejada por la operación Cóndor en el Sur del continente y por las dictaduras de los años setenta. Resulta imposible comprender el surgimiento de un Estado clandestino, de un Para-Estado, desde una perspectiva abstracta, sin subrayar que el mismo intenta resolver por vía autoritaria la conflictividad social en el campo y la ciudad y el problema de la hegemonía que el juego político se mostró incapaz de realizar. Esta situación se desarrolla no por ausencia del Estado sino justamente por su presencia y por la imposibilidad de tramitar por los causes legales estas situaciones conflictivas. A la vez, por el período de neoliberal que atraviesa Colombia, se trata de asegurar la hegemonía de ciertos sectores del capital financiero y del narcotráfico sobre otras fracciones y capas en el seno de los bloques de poder. El Estado paramilitar aparece cada vez más como un instrumento privilegiado para dirimir y resolver, por la vía de la represión, esta particular y nueva acumulación de capital y las contradicciones en su consolidación, garantizando, conteniendo a fuego las insurgencias civiles o manifestaciones de descontento popular que este modelo genera. La acumulación de capital y el advenimiento de crisis de hegemonía interna alcanza su punto culminante cuando los nuevos sectores monopólicos dominantes, ante la incapacidad de superar la crisis política y ante el peligro de nuevos actores sociales y de la amenaza de la insurgencia armada, se orientan cada vez más hacia salidas políticas desde el exterior del sistema político tradicional pero apoyadas en él. Las contradicciones no pudieron ser contenidas dentro del marco democrático liberal. Ya los partidos políticos no servían para encauzar la lucha de clases dentro de canales legitimados por el sistema y se recurre a la acción contrainsurgente que invoca los fantasmas del comunismo y su amenaza extranjera para conjurar los peligros. Estas nuevas etapas de acumulación neoliberal y de alianzas de fracciones económicas y entronques con "nuevos" capitales procedentes del narcotráfico se estabilizan y logran su propio orden; de lo contrario resultará imposible la implantación de un nuevo patrón de acumulación que reclaman los intereses del capital transnacional. Esta vez con objetivos más ambiciosos, necesarios para reinsertarse adecuadamente en la nueva fase del sistema capitalista mundial. En el actual proceso de desmovilización y desarme, muy seguramente los recursos entregados por las elites paramilitares para reparar a las victimas será ínfimo. Es necesario tener en cuenta que el poder económico alcanzado por el paramilitarismo no se desmoviliza sino que entra en una etapa de legalización, convirtiéndose en un poder determinante en las regiones, no solo económico sino social y político. En las últimas dos décadas se han ido reconfigurando nuevas geografías institucionales que le permiten al paramilitarismo el manejo de los asuntos políticos y del desarrollo económico regional. Estas nuevas geografías establecen niveles de "soberanía-autonomía" y gobernabilidad en el ámbito de su influencia, generando auténticos "Estados territoriales", en los cualesel ejercicio del poder del Estado está mediado por actores privados. Estos Estados territoriales cuentan con sus propias elites políticas y con agentes administrativos que atraviesan toda la institucionalidad, direccionando la políticay manejando, para su proyecto de poder, los procesos políticos y los presupuestos públicos. Así, las administraciones locales y departamentales se ven sometidas a consultar cómo orientar las actividades económicas y sociales, cómo construir el desarrollo regional, hacia dónde se deben dirigir las prioridades de inversión. Las regiones de influencia paramilitar son espacios territoriales "especiales" con sus propias estrategias de seguridad y con una relación con el Estado Central construida sobre su propia consolidación autónoma de Estados territoriales de economías privadas. Las viejas elites políticas han sufrido en las zonas de dominio paramilitar un proceso de reacomodamiento ideológico para sostenerse regionalmente o han sido sometidas por la fuerza, destruidas o desplazadas, para darle paso a un modelo de poder político soportado sobre la violencia, la coerción y el temor de la población. La influencia paramilitar en el país creo una cartografía de sometimiento político, donde el comportamiento electoral se hizo "cautivo" convirtiéndose en una fuerza de negociación importante en periodos de confrontación electoral. Sobre el mapa administrativo institucional se construye una red de relaciones de seguridad soportada sobre el empoderamiento institucional del paramilitarismo y la consolidación de sus economías legalizadas en el proceso de desmovilización y legitimadas en los mismos procesos de desarrollo regional. A su vez, los megaproyectos de economía exportadora se han impulsado por la fuerza, previa "limpieza social", liquidación de organizaciones sociales y líderes sociales. Los paramilitares han garantizado en muchas regiones la entrada tranquila de capital extranjero y han sido soporte para que los conflictos laborales entre trabajadores y empresas multinacionales se resuelvan por la vía de la confrontación violenta y la desaparición forzada o el asesinato de dirigentes sindicales. Una nueva burocracia política, de origen e influencia paramilitar, se ha ido consolidando con presupuestos electorales acumulados bajo el régimen de homogenización ideológica y política levantado por la violencia que se desmoviliza físicamente, pero que permanece en el imaginario de lo indeseado de las poblaciones como un referente de terror y de miedo que determina su comportamientos social y político. La consolidación de esa nueva clase dirigente en las regiones, con aspiraciones de ejercer la representación política territorial, generaliza el fenómeno, que ya alcanza, según sus propios cálculos, el 35% de la presencia paramilitar en el Congreso. El paramilitarismo de cuarta generación: El miedo no se desmoviliza. El manejo del poder regional consolida nichos territoriales paramilitares cuya especificidad no es la guerra como tal, con ejércitos visibles, sino la "seguridad" como fundamento de la democracia, el desarrollo económico y la convivencia. La desmovilización paramilitar no desmoviliza la unidad de propósitos y compromisos para defender los intereses sociales, económicos y políticos regionales. Nuevas estrategias cubiertas por el apoyo institucional sostienen y reproducen la lógica de dominación regional, consolidando sus relaciones de poder. Un grupo importante de Congresistas se han convertido en defensores del proyecto paramilitar, encubierto en el discurso del interés nacional de paz y en su propia perspectiva política de fortalecerse en el inmediato futuro como representantes regionales. Las zonas de influencia paramilitar viven en un extraño mundo del derecho que interpreta el interés y la lógica regional y de grupo. No cabe allí ninguna vigilancia social sobre el poder, el cual se ejerce en forma despótica y autoritaria. Por el contrario, en estas zonas el sistema político se cierra y queda dominado por actores que taponan todos los caminos distintos y alternos hacia el poder. El poder queda en manos de "minorías" seleccionadas que cuentan con el aval de los señores de la guerra quienes depositan en ellos la defensa nacional de sus intereses económicos locales y regionales. Se construye allí un régimen de política premodernizada guiada por un modelo de democracia restringida con un sistema de participación cooptado a través de colonias electorales, que no posibilita el libre juego de la democracia e impide el acceso al poder de tendencias diferentes. Democracia restringida que le cierra las posibilidades de competencia electoral a fuerzas de la oposición democrática y a candidaturas independientes o de movimientos sociales. En las regiones manda la hegemonía dictatorial de los paramilitares. El paramilitarismo de cuarta generación desarrolla su actividad entre las dinámicas de consolidación económica regionales, el fortalecimiento de su participación política y el discurso de la seguridad democrática. Hoy está sometido a un proceso de reingeniería para su inserción en el ámbito institucional. En las zonas de dominio paramilitar no solo se deben desmovilizar y reinsertar los grupos armados. Es necesario reinsertar la democracia como forma de acción política que se construye sobre el reconocimiento y el respeto por la diferencia. Sobre Verdad, Justicia y Reparación La verdad sobre el fenómeno paramilitar y sus crímenes es polifónica. Todos los actores comprometidos en sus dinámicas, victimarios y víctimas (Estado y fuerzas armadas, grupos económicos, empresas transnacionales, elites económicas y políticas regionales, empresarios de la droga, movimientos sociales y políticos, población civil desplazada, huérfanos y viudas, familiares de desaparecidos y asesinados, organismos de derechos humanos, medios de comunicación, administraciones locales y departamentales...y desde luego grupos paramilitares) tienen una "verdad" que poner en conocimiento de la sociedad para construir, en la contrastación, "una verdad histórica" que sea el fundamento de la aplicación de la justicia, como prerrequisito de la reconciliación. Parte de la verdad consiste en que el Estado reconozca su responsabilidad en la génesis y desarrollo del fenómeno, por acción directa y por omisión, y que a partir de allí sea el Estado el primero que se reinstitucionalice y reinserte. Sin verdad no hay justicia, ni reparación, ni reconciliación. Es necesario recuperar la memoria colectiva y construir con ella una verdad histórica, como fundamento de la aplicación de la justicia y de la construcción de las verdades jurídicas y procesales. La verdad no solo se construye desde la confesión individual y colectiva de los agentes de violencia, sino desde la sindicación, la imputación y las declaraciones de las víctimas y de la sociedad civil. El protagonista fundamental de la reconciliación no es el victimario sino la víctima. La víctima debe ser reconocida y ponderada en la más alta estima; debe ser objeto de reparación integral; restituida, rehabilitada, compensada. Debe ser reparada individual, colectiva y simbólicamente. La reparación de las victimas es responsabilidad del Estado. Para ganar la mayor objetividad y legitimidad posible, al proceso de verdad, justicia y reparación le conviene tener una Comisión alterna de verdad, conformada por las víctimas, los organismos de derechos humanos, la sociedad civil y una veeduría humanitaria internacional que sea garante de los procedimientos y resultados. No conviene al país que quienes han sido agentes de crímenes atroces y de lesa humanidad se desmovilicen y se conviertan en agentes del Estado y garantes de la seguridad ciudadana. Su reincorporación a la vida civil debe ser en el ámbito de lo social y lo productivo. Retos y preocupaciones * Avanzar en la construcción y legitimación de una verdad histórica (polifónica) sobre el fenómeno paramilitar que determine su naturaleza, responsabilidades, alcances y perspectivas post- desmovilización, que permita ejercer la justicia reparativa y la reconciliación. * Darle vida y protección a una Comisión alterna de verdad que vele por la defensa de los derechos de las víctimas. * Asumir como agente responsable del proceso de reparación de las víctimas al Estado, atender las demandas de justicia en forma prioritaria y las reparaciones en forma integral e inmediata. * Prever el proceso de transformación de las bases del paramilitarismo en delincuencia común, que puede seguir a la etapa de desmovilización. * Examinar los procesos de rearme de ejércitos paramilitares que no se han desmovilizado y que mantienen las estructuras militares intactas y que el gobierno denomina bandas criminales, para encubrir que sigue funcionando el paramilitarismo como ejército. * Atender efectivamente a los desplazados por la violencia y reinsertar las zonas paramilitares a la institucionalidad democrática. * Establecer la relación entre paramilitarismo, narcotráfico, Fuerzas Armadas y delincuencia organizada y común. * Ponderar positivamente las observaciones, informes y recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, y generar con la sociedad civil un equipo de observación y monitoreo del proceso con los paramilitares. * Descartar cualquier posibilidad de que los desmovilizados terminen haciendo parte de las fuerzas armadas o formando empresas de seguridad privada. * Llenar las expectativas creadas a las bases del paramilitarismo en relación con la oferta de atención económica, educativa y productiva, y establecer los criterios de reinserción social, económica y política con las elites locales y regionales paramilitares de tal manera que el fenómeno se desmonte realmente. La dictadura de los medios de comunicación y la llamada "parapolítica" Desde hace algunos meses se viene dando a conocer en torno al "proceso de paz" que el gobierno adelanta con los grupos paramilitares una serie de pronunciamientos sobre la relación de importantes sectores de la sociedad, el Estado, las fuerzas militares y la clase política con el paramilitarismo. A ese proceso de "descubrimientos" se ha dado en denominar la "crisis de la parapolitica", sobre la que se han hecho los más variados balances, algunos de los cuales van desde reclamar la renuncia del Presidente y la renovación general del Congreso, hasta la caracterización de la parapolitica como una crisis de legitimidad de la institucionalidad, una crisis de gobernabilidad. Una lectura juiciosa, más allá de los entusiasmos desinformantes de los medios (que rápidamente pasan de las versiones libres meditadas y programadas de Salvatore Mancuso a la persecución y captura de parlamentarios y ex funcionarios del Estado ordenadas por la Corte, o a la criminalización de los defensores de las víctimas, o a la reactivación de los grupos paramilitares, para terminar haciéndole eco a las disputas verbales del Presidente con la izquierda democrática, nos convoca a mirar con más detenimiento el problema, porque lo que se está produciendo, lejos de ser una "crisis" de la institucionalidad, es un proceso de asepsia general de un fenómeno construido sobre la base de crímenes de lesa humanidad que se cubre con un grueso manto de impunidad, levantada en una catarsis provocada del sentimiento de dolor nacional producido por los desmanes de la guerra contra la población mediante un supuesto proceso de desmovilización, reinserción, verdad, justicia y reparación. Es necesario entender el momento en un contexto de análisis que convoca a la reflexión histórica y política del fenómeno más allá de lo inmediato en un proyecto de construcción de poder y "refundación" de la Nación colombiana, conforme se ha hecho manifiesto en los últimos meses en el pacto entre políticos y narco-paramilitares. Igualmente, es necesario superar la utilización "ingenua" del concepto de crisis, que no siempre significa que la "cosa va mal", sino que también significa que la "cosa va bien", porque es a la vez un acto "revelador" que alivia el dolor nacional en su inconsciente colectivo y "realizador" en la medida que posibilita la consolidación de un proceso que no se da de forma lineal y transparente, sino a través de rupturas, desprendimientos y pequeños y justificados "sacrificios" temporales. Un proceso que "sacrifica" lo poco en la consolidación de lo mucho, lo local-regional (la parte) en fortalecimiento de lo nacional-global (el todo), lo superficial, por lo esencial: la consolidación de un proyecto político resultante de un pacto de viejas y nuevas elites en un Estado autoritario en el marco de un modelo político mafioso. Acuerdos y pactos de elites El proceso de la desmovilización paramilitar y su articulación a la vida nacional nos convoca a emprender nuevos análisis sobre la naturaleza y dinámica de dicho fenómeno en su complejidad múltiple con el propósito de poder determinar su recorrido en la etapa de "postpacto". Partimos de dos tesis que orientan la reflexión: Primero. Entender el proceso de Santa Fe de Ralito y la expedición de la Ley de Justicia y Paz como un pacto de elites en el que se define la distribución del poder entre la elite tradicional de terratenientes, industriales, comerciantes, banqueros y clase política, y una nueva elite conformada por narcotraficantes, paramilitares y traquetos - el crimen organizado- que se incorporan a los escenarios de la economía y la política con la respectiva cobertura institucional resultante de ese pacto de poderes . Segundo. Señalar que el Gobierno Comunitario constituye el instrumento de mediación y formalización de ese pacto que establece un nuevo ordenamiento económico y político en el que el bloque dominante queda compuesto por dos sectores: Un sector representado por la vieja elite, que busca internacionalizar sus economías y transnacionalizar sus empresas, articulado a las estrategias del libre mercado (TLC) y la globalización y que mantiene la administración del poder político central, y otro sector que habiéndose fortalecido económicamente en el manejo de la cadena productiva del narcotráfico y las economías ilegales nacionales e internacionales, mediante la violencia paramilitar, busca sanear al interior del país sus economías, articular parte de sus capitales a los procesos regulares de acumulación y mantener el control político local y regional. Este proceso de reconstitución de elite y de establecimiento de un modelo particular de división del trabajo en el ejercicio del poder solo es posible entenderlo a partir de la comprensión de la dinamica interna del fenómeno narco-paramilitar-elites y de sus relaciones cambiantes con el poder económico y la política: Una primera fase la constituye el origen del paramilitarismo (1980 y 1993). El narcotráfico lideró la lucha política, en particular centrada en el problema de la extradición, mientras el paramilitarismo ligado a la institucionalidad militar centró su accionar en la lucha armada y social contra la subversión dentro de un proceso de afianzamiento territorial (Pablo Escobar- Fidel Castaño). La segunda fase es de institucionalización del fenómeno ((1993-1997). El paramilitarismo asumió la lucha política y el narcotráfico retornó a su carácter empresarial de economía ilegal, en una sociedad que va constituyendo la nueva elite y abriendo los caminos de su legalización y legitimación. La tercera fase tiene un período de ajuste (1997 a 2001) y un período de impulso (2001 en adelante). Es una fase de consolidación e integración institucional. Articulados con las elites tradicionales se construye una coalición elites que es la que toma las decisiones estratégicas en relación con la satisfacción mutua de intereses. Estas tres fases o etapas están demarcadas por periodos y situaciones específicas que comprometen los últimos 25 años de la historia nacional. Fuentes de financiamiento de los grupos paramilitares 1. Grupos económicos, empresarios, agricultores, ganaderos, comerciantes, transportadores y agroindustria, entre otros. 2. Presupuestos municipales y regionales de sus áreas de influencia mediante acuerdos con alcaldes, concejales, diputados, parlamentarios, utilizando como sistema la contratación y el testaferrato. 3. Narcotráfico mediante la producción directa o el cobro a productores de coca y compradores de pasta, el lavado de activos, la exportación de coca. Contribuciones de la minería de esmeraldas. 4. Actividades de secuestro extorsivo, contrabando, piratería terrestre, abigeato y ocupación violenta de las tierras de los desplazados. 5. Contribuciones de las empresas transnacionales de petrolero, minería y producción agroforestal. Sistemas de legitimación de la dinámica económica de la guerra paramilitar El nuevo modelo de confrontación paramilitar no solamente esta inscrito en el enfrentamiento militar sino que se articula al modelo de desarrollo económico en el impulso de sus propias dinámicas de legitimación: 1. La construcción de una propuesta de confrontación integral en lo económico, social, político y militar, con perspectivas de empoderamiento regional y construcción de procesos de legitimidad local. 2. La participación en actividades empresariales de carácter agropecuario y comercial. 3. La construcción de unidades de gestión social y empresarial a la manera de organizaciones de campesinos, agricultores y ganaderos (Acdegam, Fundepazcor, etc.) o de comunidades de resistencia asociadas (Asocipaz). 4. Impulso a proyectos políticos regionales y nacionales afines a la propuesta paramilitar. 5. Consolidación del apoyo gremial y empresarial y sostenimiento del mismo. 6. Manejo distanciado de apoyo y poca confrontación con las fuerzas militares. 7. Protagonismo creciente frente al manejo político de país y sus relaciones internacionales. 8. Acercamiento y utilización política de los medios de comunicación, como medios de difusión de sus propuestas e imaginarios. Una definición sintética y, por tanto, general y comprensible, sobre la Razón de Estado afirma que la seguridad del Estado es una exigencia de tal importancia que los regidores de los Estados se ven constreñidos, para garantizarla, a violar las normas jurídicas, morales, políticas y económicas, las cuales consideran imperativas cuando la seguridad no está en peligro. Es decir, la Razón de Estado es la exigencia de seguridad del Estado. Esa exigencia se verifica esencialmente en el contexto de las relaciones interestatales y de las influencias que éstas ejercen sobre la vida interna de los Estados, pero también es constatable, en términos cuantitativa y cualitativamente diferentes, en la vida interna del Estado. Klare, Michael y Stein, Nancy. "Armas y poder en América Latina". Ed.Era, México,1978, página 16. http://www.piedadcordoba.net/ipw-web/portal/cms/modules.php?name=News&file=article&sid=2117 Diputado Ricardo Cantú De Wikipedia, la enciclopedia libre Saltar a navegación, búsqueda Ricardo Cantú Garza, Político Mexicano, miembro del Partido del Trabajo, diputado federal y nuevo coordinador del PT en la cámara de diputados, en la LX Legislatura del Congreso de la Unión de México. Ha sido diputado y coordinador del grupo parlamentario del PT en la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión de México. Ha sido diputado local en Nuevo León. Es licenciado en derecho por la Universidad Autonoma de Nuevo León. Ha sido activista sindical el Nuevo León y dirigente estudiantil. Fue fundador del PT. VI Cumbre Social Latinoamericana y Caribeña andrés manuel lópez obrador prd pt pan lacayos del imperio felipe calderón usurpador En confianza Ernesto Villegas Venezolana de Televisión VTV La Hojilla Mario Silva Luigino Bracci